... o controló de una manera tan negligente que durante muchísimos años, no dio resultado alguno.
Bueno, tal vez se hizo lo que se pudo y con los siempre, tan escasos recursos, disponibles.
Ciertamente, el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y consumidores, pero con la salvedad de que éstos, NO PUEDAN DEFENDERSE POR SÍ MISMOS.
Lamentablemente, este no es el caso de los afectados en Afinsa y en Fórum.
Entre todos los millones de españoles, hubo una amplia mayoría que no se dejaron "estafar" por los cantos de "sirena" de estas dos empresas. Muchísimos, desistieron de invertir como otros "bobos" o ambiciosos "pardillos", buscando cambiar "duros" por "pesetas".
Son estos quienes reclaman indemnizaciones o responsabilidades, pretendiendo que el Estado y por consiguiente, el resto de contribuyentes inocentes, les paguen ahora, sus "platos" rotos. ¿Serían capaces de enfrentar con sus ingenuos argumentos, a la opinión pública cuando esta se les llegase a echar encima? ¿Piensan, realmente, en la ayuda de un Estado sometido a la razón de semejantes presiones?
Afortunadamente, la verdad acaecida en esta infame tragedia, presenta otro panorama muy diferente.
Admitamos que lo sucedido fue un expolio del mismo Estado, a dos empresas legales y sobre un conjunto de clientes - inversores, libres e inteligentes.
Resulta obvio que esta perspectiva, cambia el planteamiento a seguir, enteramente.
Ahora sí que existe una reivindicación legítima que puede estar amparada por toda la sociedad. La responsabilidad de un Estado corrupto y agresor contra su propia población que, incluso, carece de escrúpulos para tomar corporaciones privadas como víctimas.
Los derechos fundamentales pisoteados por abyectos poderes, la seguridad jurídica vulnerada y la legalidad democrática vagando hacia la deriva. El pueblo llano, indefenso, nadie puede considerarse a salvo y navegando todos en el mismo barco: ¡¡¡MAÑANA, TAMBIÉN TE PUEDE PASAR A TI TODO ESTO!!!